NPS HACE UN LLAMADO A LA COLABORACIÓN Y EMPATÍA

El COVID-19 es un virus que no discrimina y nos afecta a todas y todos, pero que conlleva una especial dificultad para la población más vulnerable. Frente a esto, como — (Nombre de la organización) hacemos un llamado a tomar conciencia sobre los efectos que puede traer a nuestra población la expansión rápida y desmedida del virus, tal como lo hemos observado en otros países. 

Frente a esta situación que mantiene en tensión al mundo completo, es donde se requiere más que nunca poner en práctica lo que tanto anhela nuestra sociedad y que ha sido el eje transversal de las movilizaciones que vive nuestro país: la empatía, la fraternidad y la solidaridad.

Hacemos un llamado especial a mantener la calma y a realizar un esfuerzo colectivo, a cuidarnos para cuidar a otros, a ser solidarios, quedándonos en nuestra casa y tomando todas las precauciones indicadas por las autoridades, con especial atención a las nuevas medidas que se vayan confirmando; manteniendo distancia de al menos 1 metro entre personas, lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón por mínimo 30 segundos, no promover encuentros que no sean estrictamente necesarios, no sobre abastecerse, realizar y promover el teletrabajo, evitar el uso de transportes públicos masivos, reemplazándolos por ejemplo, por el uso de la bicicleta y de la caminata.

Sabemos que es una situación compleja y llena de incertidumbres, pero también se puede ver en ella una oportunidad para tomarnos un momento, repensarnos y reconectarnos con aquellas cosas verdaderamente importantes, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo. Tenemos la convicción de que en momentos de dificultad es donde más fortalezas encontramos, y nuestro país ha demostrado una especial resiliencia a lo largo de la historia. 

Presentación de informe alternativo sobre la situación de los DD.HH. en Chile

Ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas:

Organizaciones civiles presentan informe alternativo sobre la situación de los DD.HH. en Chile

Nuevo Pacto Social (NPS) en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR) presentarán este lunes en Ginebra un informe alternativo sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en Chile. El reporte viene a manifestar las implicancias de un pacto social en el aumento de la desigualdad socio-económica y las barreras estructurales en el goce de los DESC en nuestro país.

Durante el mes de junio del año 2020, el Estado de Chile deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), un “Informe Periódico” al Comité DESC respecto al estado de cumplimiento de dichos derechos durante el ciclo 2015-2020. Este mecanismo de revisión tiene por objeto monitorear la implementación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Previo a la presentación del informe por parte del Estado, Nuevo Pacto Social (NPS) en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR),  entregarán este lunes un “informe paralelo” al Comité DESC, en el contexto del proceso constituyente por el cual atraviesa el país, destacando las obligaciones del Estado de Chile en una gran variedad de temas (Enfoque de género, Pueblos Indígenas, Comunidad LBTGI, Seguridad Social, Vivienda, Salud y Educación).

Las críticas a un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, cuyos beneficios no fueron distribuidos equitativamente, se presentan como un eje estructurante del reporte entregado. En este contexto, las reivindicaciones sociales que se han puesto de manifiesto en el estallido social del 18 de octubre de 2019 hacen aún más relevante la presentación de este informe para así visibilizar desigualdades estructurales y vulneración de derechos.

“Los costos de ignorar los derechos sociales por más de 4 décadas han sido nefastos y nos ha sumergido en una profunda crisis social cuyos resultados los pagan las clases medias y los más pobres. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos fundamentales, el Estado de Chile tiene obligaciones jurídicas al respecto y queremos que los tome en serio y rinda cuenta por ello”, explica el abogado Vicente Silva, associate researcher en The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights.

En particular, a través del informe, se pretende aportar a que la revisión del próximo informe de Chile sea una oportunidad para que este órgano independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas pueda contribuir de manera acertada al proceso constituyente por el cual atraviesa el país.

Vicente Silva, quien trabaja con la sede de Ginebra en los ámbitos del derecho a la vivienda justa, cambio climático y desigualdad, dice que “en este esfuerzo conjunto le solicitamos al Comité que considere nuestro informe y las preguntas que sugerimos al Estado con el objeto de iniciar un diálogo constructivo y fructífero que signifique un avance en el reconocimiento efectivo de los derechos sociales”.

El encargado de presentar el informe ante el Comité será Ignacio Silva, Fiscal de la Inmobiliaria Social de Techo-Chile, en representación de las demás instituciones nacionales que participaron en la redacción.

La redacción del informe contó con la colaboración de: The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Fundación Superación de la Pobreza, Techo-Chile, Educación 2020, Observatorio Ciudadano, Colegio Médico A. G. de Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y ACCIÓN.

Pueden descargar el informe aquí: Informe paralelo – Red Nuevo Pacto Social

Definiciones políticas NPS

DIVERSIDAD

NPS, Nuevo Pacto Social es una articulación de redes de organizaciones de la sociedad civil, que tiene como sello identitario, la diversidad, incluida la transversalidad de creencias religiosas, políticas e ideológicas de sus miembros, -quienes haciendo un gran esfuerzo por sobrepasar la división binaria que caracteriza a nuestra sociedad-, se han unido para trabajar juntos por una visión común: “un nuevo sistema de relaciones personales, comunitarias e institucionales -políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales, territoriales- basadas en la confianza y la responsabilidad, para construir una sociedad solidaria, equitativa y sostenible“.

Como NPS no aspiramos a decir qué hacer ni a imponer nuestra receta, sino a “poner a disposición del país nuestra capacidad de articular la confianza ganada con el trabajo de años a nivel territorial y de organizaciones de base“, para que sean las comunidades y la ciudadanía, quienes participen, se empoderen y decidan.

CONSENSO Y CONSENTIMIENTO

En cuanto a la forma de tomar decisiones, hemos decidido implementar primero entre nosotros mismos esa nueva forma de relacionarnos, reconociendo, respetando y valorando esa diversidad, siguiendo el nada fácil camino de la inclusión, dispuestos a darnos el tiempo de escucharnos y dialogar, de trabajar con humildad y sin egos hasta construir consensos, aun cuando ello implique muchas veces no poder reaccionar rápido y sacar pronunciamientos públicos ante hechos coyunturales del día a día.

Nuestro acuerdo es avanzar todos y todas juntos en este desafío, tomamos decisiones como NPS por consenso, es decir por unanimidad. Cuando esto no es posible, por consentimiento, que quiere decir que si en un asunto no logramos el consenso total, quienes no están totalmente de acuerdo, pero consideran que “pueden vivir” con la aprobación, consienten, y con ello permiten que se materialice el acuerdo;  por el contrario, si se trata de algo que consideren reñido con sus principios e imposible de aceptar, no dan consentimiento y el asunto no se aprueba y no se convierte en posición oficial del NPS. En ese caso el tema se pospone, pero no se cierra, todo lo contrario, se continúa trabajando en el lenguaje, dialogando, escuchando las razones, emociones y creencias que llevan al otro- otra a no dar consentimiento, acercando más antecedentes, buscando separar contenido de formas de expresión, puliendo las redacciones, hasta llegar a una que genere consenso. Al mismo tiempo, cada organización miembro del NPS mantiene su total independencia y es libre de tomar las decisiones propias que cada entidad considere pertinente.

TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES

Para identificar las transformaciones políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales y territoriales que precisamos implementar para llegar a ese nuevo sistema de relaciones personales, comunitarias e institucionales, hemos puesto en marcha un proceso participativo metódico, especialmente concebido y diseñado para inducir y gestionar transformaciones culturales sistémicas, facilitado por la Fundación Innovación Participativa, que es miembro y colabora voluntariamente con el NPS, y que cuenta con varias herramientas metodológicas, de las cuales hemos comenzado a implementar una, que se denomina “Mapa de Transformaciones Socioculturales”. En diciembre recién pasado realizamos un primer mapeo que permitió identificar 19 dimensiones sobre las que hay que actuar en la sociedad chilena, y 117 transformaciones. El enriquecimiento y validación de ese mapa base, se realizará próximamente, con 200 personas invitadas de todo el país, representativas de esta gran diversidad,  cuya selección será fruto de un proceso que realizarán las propias redes del NPS.

CONSTITUCIÓN

Una de las 19 dimensiones de este Mapa es la “dimensión política”, y una de las transformaciones identificadas en ella, es la Constitución de Chile. Eso significa que transformar la Constitución es parte de la hoja de ruta del NPS, pero el cómo, cuándo, de qué manera, eso es materia que debe ser decidida por la ciudadanía, por comunidades informadas, conocedoras de qué es y cómo afecta la vida en sociedad la llamada “Carta Magna” de un país.

Lo importante es que, sea cual sea el resultado del Plebiscito y de la consulta por la forma, nosotros, como NPS, continuaremos trabajando por facilitar que sea la sociedad chilena quien defina, diseñe y luego implemente -democrática, pacífica y participativamente- ésta y todas las transformaciones mapeadas, porque nuestro objetivo es transformar el actual sistema y la Constitución es un medio para alcanzarlo, no un fin.

FORMACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN

Para contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la cohesión social en Chile, el NPS ha diseñado un proyecto de participación y formación ciudadana, que buscará capacitar a medio millón de personas de todo el país.

Construir un nuevo sistema de relaciones pasa por “empoderar” a la ciudadanía, sobre todo a los más excluidos y marginados, es decir poner en marcha un proceso progresivo de redistribución de la base del poder, para que ciudadanas y ciudadanos puedan incidir informada, responsable y soberanamente en las decisiones que les afecten.

En relación a la consulta misma, si bien una gran mayoría de los miembros de las organizaciones que lo integran están a favor de cambiar la constitución y de hacerlo mediante una convención de personas elegidas específicamente para este fin, -y que además esto se corresponde también con los resultados que arrojan las encuestas y la consulta de los Alcaldes-, el rol del NPS no es tomar partido por alguna de las opciones, sino lograr una participación masiva, informada e incidente de la población en el plebiscito del 26 de abril y en los procesos que de allí se desprendan. Por lo mismo, una de las preocupaciones que orientan su accionar sea lograr que el proceso constituyente garantice la participación a independientes, pueblos originarios, jóvenes, personas con discapacidad y la paridad de género.

 LOS DDHH COMO FUNDAMENTO

Nos hemos reunido bajo el convencimiento que las ideas de libertad, igualdad, justicia y paz, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano y que ese es un pilar fundamental en la construcción y reparación de la confianza social. En este sentido, adherimos plenamente al respeto de los DDHH, a sus principios, aspiraciones éticas y sus traducciones normativas. En definitiva, comprendemos, que el Estado de Derecho sólo es reconocible como organización política basada en la protección, promoción, respeto y satisfacción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

A partir del 18 de octubre de 2019 se genera en Chile un quiebre social, cuyo manejo por parte de los órganos de seguridad provocó que desde la sociedad civil y órganos internacionales de Derechos Humanos se denunciara la vulneración de derechos humanos. Esta situación ha dado origen a cuatro informes presentados al Gobierno de Chile, que con sus diferencias metodológicas, concluyen todos que ha existido violación grave a los DDHH por parte del Estado de Chile, a través de sus policías y  FFAA.

Consideramos fundamental la reconstrucción de las confianzas perdidas entre la ciudadanía y el Estado, que el gobierno adopte las recomendaciones y acoja las medidas propuestas por los informes y órganos de derechos humanos internacionales y nacionales, y que el control del orden público se realice por vías adecuadas a un Estado de Derecho.

Sostenemos que los derechos humanos, y su interpretación convencional a través del Sistema Internacional de Derechos Humanos, son el eje bajo el cual debe erguirse una sociedad. Resolver la conflictividad actual requiere de un irrestricto apego a lo anterior, mientras se producen y desarrollan las discusiones políticas necesarias para construir un pacto social legítimo. El Estado, en tanto depositario del monopolio en el uso de la fuerza, es y debe ser el primero llamado a controlar su utilización de acuerdo a los parámetros mínimos, que no son otros que los que  se plantean en la actual Constitución y en el sistema de Derechos Humanos.

 CONVIVENCIA NACIONAL Y DIÁLOGO

La historia contemporánea de Chile y la historia de la humanidad nos muestra las dramáticas consecuencias de la polarización, que el hostigamiento y enfrentamiento verbal inician un espiral de violencia que crece hasta volverse incontrolable, y que si bien la violencia afecta a toda la sociedad, sus principales víctimas son los sectores más vulnerables, pues los más afectados son siempre quienes tienen menos recursos.

Nuestros planteamientos se dan en un contexto de difícil convivencia nacional, donde se ha roto la confianza entre distintos actores sociales. Pasados varios meses del llamado estallido social de octubre, aún no logra restaurarse el orden público, y las demandas que dieron origen a una transversal protesta ciudadana, no han tenido respuestas contundentes que permitan avanzar en el necesario alivio al agobio en que viven millones de personas en todo el país, ni menos en aquellas que apunten a soluciones más estructurales y de fondo.

Creemos firmemente que una agenda social robusta, eficaz y eficiente, que logre dar respuestas contundentes sólo puede surgir de un diálogo amplio e inclusivo. Para ello, es fundamental escuchar-nos, todos,  a todos. Especialmente a los sectores más “indignados”, que forman parte de colectivos de organizaciones sociales cuyos petitorios y propuestas no llegan a la elite gobernante, ni a la empresarial, ni a la de la sociedad civil. Postulamos la necesidad de llevar adelante diálogos inéditos, probablemente incómodos, pero absolutamente ineludibles, para poder avanzar rápidamente y conformar una agenda social corta, realista y consensuada. Los sectores tendrán que escucharse con buena voluntad y reconocimiento mutuo, a través de mesas de trabajo directamente con quienes portan demandas o propuestas en las diversas materias.

Tenemos la convicción de que el diálogo sincero y honesto, en condiciones de horizontalidad y respeto, aquel que no se basa en la crítica, la culpa y el juicio, sino en la escucha atenta, donde las diferencias de opinión son respetadas, -aunque no necesariamente aceptadas, aprobadas o justificadas-, es una poderosa herramienta para identificar las necesidades no satisfechas de las partes, para distinguir y separar esas necesidades de las formas en que éstas se expresan o de las estrategias que las partes siguen para satisfacerlas.

Los procesos de diálogo son una forma de comunicación no violenta entre partes en conflicto, con modelos y metodologías de diseño e implementación ampliamente estudiados y aplicados en un mundo cada vez más convulsionado. Nos permite tomar conciencia que el conflicto es un proceso que nos distancia, pero que puede ser conducido hacia el encuentro, sin pretender eliminar las diferencias, aclarar y acercar posiciones, y construir confianzas, uno de los factores clave en la actual crisis de legitimidad.

Puestos en la encrucijada histórica entre levantar muros o construir puentes, el NPS elige activa y propositivamente el camino del diálogo, como la vía para construir entre todos, en respeto de las diferencias y sin violencia, un nuevo pacto social para Chile. Por ello, nos ponemos a disposición para servir como puente y garante para la construcción de acuerdos que se materialicen, y no se transformen en nuevas y acumulativas frustraciones.

MEDIOAMBIENTE

Vemos que el actual marco constitucional no es capaz de garantizar la debida protección al medio ambiente, ni de responder a la vulnerabilidad actual de nuestros territorios y ecosistemas. La existencia de “zonas de sacrificio”, los problemas derivados de la propiedad y gobernanza del agua, del ejercicio efectivo de los derechos ambientales, y la contaminación atmosférica a la que está sometida la mayor parte de la población, son sólo algunos ejemplos.

Aún cuando la Constitución de 1980 incluyó el derecho “a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, lo hizo antes de que se conocieran las numerosas evidencias relativas a la pérdida de biodiversidad, al cambio climático y previo al desarrollo que ha tenido el derecho ambiental en los años que le sucedieron.

Creemos que se requiere con urgencia reformular la protección constitucional del medioambiente. Necesitamos construir una sociedad donde el desarrollo económico no se realice a costa del medio ambiente, ni de los más vulnerables, ni de las generaciones futuras, es decir que establezca los principios de justicia ambiental, justicia ecológica y justicia intergeneracional.

Es urgente incorporar la  protección del medio ambiente  como principio fundamental de la organización política y del modelo de desarrollo. La constitución debe asegurar una nueva forma de relación entre el Estado y los bienes comunes  que administra, como el agua, los bosques, el aire, los minerales, los mares y la maravillosa biodiversidad de nuestro país. Fortalecer el derecho humano a un medio ambiente sano y proteger la naturaleza y el patrimonio ambiental son cuestiones basales para proveer a nuestro país de sustentabilidad futura.

**Este documento está en permanente revisión con las organizaciones que son parte de la red NPS**

Propuesta Nuevo Pacto Social a los Presidentes de los Partidos Políticos

En la madrugada del viernes 15 de noviembre, diversas fuerzas políticas del Oficialismo y la Oposición firmaron el “Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución”.

El Acuerdo establece que se convocará a un “Plebiscito de entrada” en abril de 2020, en el cual se realizarán dos consultas a la ciudadanía. La primera, con respecto si se está de acuerdo o no con reemplazar la Constitución vigente y la segunda, para el caso de que se apruebe la idea de una nueva Constitución, sobre el tipo de procedimiento a seguir, esto es, mediante una Convención Constituyente integrada por un 100% de delegados electos o una Convención Mixta Constituyente, conformada por 50% de parlamentarios en ejercicio y 50% de delegados electos.

Creemos que para que el Acuerdo por la Paz se consolide como una herramienta participativa hacia una Nueva Constitución, se debe fortalecer el punto 4 del mismo. En este sentido y en caso de que el Plebiscito de Abril 2020 indique que el mecanismo de diseño de una Nueva Constitución es la Convención Constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente.

El punto 4 se basa íntegramente en la Ley N° 18.700. Dividiendo el territorio en 28 distritos, con un total de 155 diputados.

Por otro lado, la misma ley indica en materia de pactos que en las elecciones dos o más partidos políticos podrán acordar un pacto electoral. En las elecciones de diputados y senadores, al interior de cada pacto electoral, los partidos políticos integrantes de dicho pacto podrán, cada uno, asociarse con candidatos independientes.

Este mecanismo refuerza la conformación de pactos lo que en la práctica hace casi imposible que independientes puedan ser electos fuera de un partido o pacto político. Es justamente aquí donde creemos que la legitimidad del acuerdo se pierde, al permitir en la práctica, competir solo a partidos políticos.

Como alternativa, proponemos lo siguiente:

1 – Derogar – en forma transitoria – el artículo 31 que permite a los partidos políticos acordar pactos electorales.

2 – Permitir a los ciudadanos independientes inscribir listas de candidatos con menos requisitos con respecto a los partidos, bajo lemas, causas o intereses, que los hagan distintivos ante el cuerpo elector, pudiendo estos sumar sus votos al interior de cada lista, al igual que cada partido, y con las mismas igualdades que hoy indica la ley electoral.

3 – Las listas independientes deberán acreditar un número mínimo de firmas por candidato.

4 – Cada distrito debería elegir el doble de los actuales cargos del sistema electoral, permitiendo aumentar el número de independientes y las listas ciudadanas.

5 – Si eventualmente gana la opción de Convención Mixta, cada distrito debería elegir el número actual que contempla la ley de diputados, 155. Así, quedará una Convención mixta de 155 delegados y delegadas y 155 congresistas.

6 – Modificar la actual ley para que exista paridad de género en listas inscritas y también mediante un mecanismo de corrección para electos y electas. La ley actual determina que sólo la suma de todas las candidaturas inscritas por un pacto debe tener al menos un 40% de un género por sobre otro. Adicionalmente proponemos establecer una cuota para pueblos originarios, ya que la actual ley no los considera. Además debe considerarse incorporación de cuotas etarias, para asegurar la participación del grupo sub 35, con una cuota del 30% por lo menos en la conformación de listas y mediante mecanismo correctivo del órgano constituyente.

7 – Reducir la edad mínima de votación y candidatura a 16 años.

8 – Que el financiamiento electoral sea ex ante para las listas independientes, igual al tope de gasto electoral de forma distrital y que no reciban devolución mediante Servel luego de finalizada las elecciones. Que los partidos se financien mediante la devolución luego de la elección. Que la campaña electoral sea pública e igualitaria para todas las listas, no en término de posibilidad, sino que reales. Fomentando el debate y contraste de ideas de las diferentes listas.

9 – Es relevante que quienes asuman el papel de delegados realicen su labor sin mayor presión política, para lo cual debe establecerse una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular y cargos públicos por período de al menos 2 años luego de finalizada sus funciones como constituyentes, asegurando la no intervención de intereses electorales posteriores y quedando fuera del ciclo político normal.

Declaración de Nuevo Pacto Social, ante la respuesta del gobierno al informe de Amnistía Internacional

Como Nuevo Pacto Social, una red de redes con más de 600 organizaciones participantes, las que trabajamos por el respeto de los derechos humanos y por un país más justo, democrático y sostenible, nos pronunciamos sobre la respuesta del Gobierno de Chile al informe publicado por Amnistía Internacional sobre los hechos acontecidos en nuestro país durante el último mes.

Como organizaciones de la sociedad civil, creemos que nuestra labor cotidiana y experiencia acumulada aporta a los procesos democráticos y ayuda a un equilibrado balance entre sociedad y Estado. Nuestro quehacer se rige por los principios de derechos humanos y tratamos de llevar a la práctica, en lo que nos cabe, su promoción, protección, satisfacción y reparación de los mismos.

El reporte de Amnistía Internacional representa la mirada desde la sociedad civil a los hechos acontecidos, y como tal debiera tomarse en consideración, convirtiéndose en un insumo para las investigaciones en curso sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales denunciados. Por lo mismo, manifestamos nuestra preocupación respecto a la actitud que ha tenido el Gobierno frente a este informe, considerando el reconocido prestigio que tiene Amnistía Internacional a nivel mundial.

Como sociedad civil esperamos que los informes que están a días de ser entregados por parte de la CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, sean recibidos de una forma más reflexiva y analítica por parte del Gobierno, con una actitud de escucha que permita una mejor protección de los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas.

Creemos firmemente en el respeto de los derechos humanos, en la promoción de la democracia y la protección de los espacios cívicos como elementos clave de una sociedad justa y en paz. Por lo mismo, queremos invitar a las autoridades y a la sociedad chilena en su conjunto, a trabajar mancomunadamente para proteger las garantías y derechos de todos.

Nuevo Pacto Social: “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”

Desde Nuevo Pacto Social valoramos profundamente el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” alcanzado por los partidos políticos como respuesta a las demandas expresadas por la ciudadanía, más aún considerando el hecho histórico que será la propia ciudadanía quién determinará la necesidad de una nueva Carta Fundamental, así como el mecanismo para llevarla adelante. 

Así mismo, llamamos a la ciudadanía a seguir debatiendo, informándose y a participar activamente de la trascendental gesta democrática que vivirá el país en abril y octubre de 2020.

Reconociendo este logro, esperamos que con la misma voluntad y premura, se avance en la agenda social,ambiental y de pueblos originarios para solucionar problemas urgentes y sentidos por nuestra sociedad. Los pensionados, el ingreso de los trabajadores, los territorios rezagados, el fortalecimiento de la educación pública, el cuidado de las aguas y el medio ambiente y la revisión integral del sistema de salud, son temas que no deben seguir esperando, así como los compromisos de ajuste salarial y restricción de reelección de nuestros parlamentarios.

Es menester que todo lo anterior se realice en paralelo a la debida investigación, condena y reparación a las víctimas de violencia y violaciones a los DDHH acaecidas en nuestro país durante esta gran movilización ciudadana.  

Nuevo Pacto Social: compromiso con la democracia y los DDHH

Frente a la profunda crisis social que vive el país, las organizaciones de la sociedad civil, creemos firmemente que la propuesta realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades representa una oportunidad para que sea la ciudadanía quien defina la necesidad de un nueva Constitución y el mecanismo para llevar este proceso adelante de manera vinculante, participativa, plural y transparente, que facilite la construcción de un país más justo e inclusivo.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestra disposición como organizaciones de la sociedad civil, para dialogar con los tres poderes del Estado y todos los sectores, a fin de renovar los esfuerzos que permitan encontrar los caminos institucionales para salir de la crisis que nuestro país enfrenta hoy.

Hacemos un llamado a la generosidad de todos los actores de nuestra sociedad, principalmente de las fuerzas políticas, para resguardar la democracia y el pleno respeto a los Derechos Humanos.

Nuevo Pacto Social.

Instituciones de la Red #NuevoPactoSocial piden a los poderes del Estado, asegurar una participación ciudadana vinculante en proceso constitucional

Frente a la profunda crisis social que vive el país, las más de 800 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas bajo la red Nuevo Pacto Social, consideran fundamental asegurar una participación ciudadana incidente, vinculante y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, en los procesos que se lleven a cabo para la construcción de una nueva Constitución. Para nuestro sector, la nueva Constitución debe permitir generar un nuevo sistema de relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos y las instituciones públicas y privadas, que se base entre otras cuestiones de primera importancia, en la confianza y el compromiso para construir una sociedad donde se respeten los derechos humanos de las personas y el medio ambiente.

Nuestra sociedad merece más que nunca tener en consideración una estructura que asegure un proceso legítimo, para llegar a un resultado que fortalezca la democracia y la representatividad de toda la ciudadanía chilena. Necesitamos regresar a la ciudadanía el poder constituyente. Y para llevar a cabo este proceso, las instituciones públicas y privadas involucradas en esta tarea, deben asegurar procesos legítimos de participación. Como organizaciones sociales participativas, respetuosas de la democracia, creemos un deber el velar porque se respeten fielmente cada una de las etapas necesarias para la transparencia y eficacia de dicho proceso, cualquiera sea su forma, considerando los siguientes puntos:

    1. Investigación, condena y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos en que se haya incurrido durante las etapas previas a este proceso.
    2. Convocatoria y gobernanza autónoma y simétrica de distintos sectores de la sociedad, con decisiones basadas en el principio del consentimiento al interior de ellas y participación de carácter vinculante.
    3. Participación del Estado chileno  -incluyendo los tres poderes- y ministerios políticos y técnicos.
    4. Proceso garantizado por el Estado o, alternativamente por la sociedad civil con aporte internacional.
    5. Participación amplia de todos los cuerpos civiles de la sociedad, de la ciudadanía y de los pueblos indígenas en su conjunto.
    6. Información transparente, accesible y descentralizada  -a nivel comunal, regional, nacional-, resguardando la seguridad y privacidad de las personas.
    7. Proceso territorialmente descentralizado y abierto a múltiples plataformas de participación.
    8. Resultados de corto, mediano y largo plazo.
    9. Reconocimiento de la participación como un derecho.

Estos puntos son el piso mínimo que las instituciones políticas y sociales reconocidas y legitimadas por la ciudadanía, deberán resguardar a la hora de avanzar en la construcción de una nueva carta fundamental. Esto, con el fin de asegurar la construcción de un país inclusivo y digno, basado en un proceso de participación ciudadana sostenido, vinculante, autónomo, de convocatoria amplia; y que valore y respete la diferencia y la pluralidad de todas las personas.

Finalmente esta red apoya y se pone a disposición de los municipios de Chile que se unieron desde AChM para convocar a un plebiscito y consultar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución.

País de paz: Estrategia para un nuevo pacto social

 

    1. Reforzamos el llamado urgente a abrir espacios de diálogo y reconocer que esta crisis responde a elementos de fondo que deben ser abordados para la construcción de un Nuevo Pacto Social, como camino para hacerse cargo de las deudas sociales y de las demandas ciudadanas.
    2. Hoy en Chile no hay guerra alguna, pues estamos convencidos/as de que no hay enemigos/as. Es urgente detener la represión en cualquiera de sus formas y pedimos a la ciudadanía, como la hace la gran mayoría, manifestarse en forma pacífica.
    3. La urgencia de instaurar una instancia de convergencia sin condiciones y que permita la expresión de sectores postergados por mucho tiempo, está a la vista. Para ello, deben entregarse las garantías para ejercer el derecho a expresarse a todos/as nuestros/as compatriotas.
    4. Esta crisis es social y política. Un Nuevo Pacto Social debe pretender democratizar el poder, estableciendo nuevas formas en la toma de decisiones, de manera transparente, vinculante y con participación amplia, en donde esté representada  la inmensa diversidad que hoy día tiene la sociedad chilena.
    5. Hasta ahora y por muchos años ha existido una enorme resistencia al cambio. Los/as líderes deben comprender que es la hora de la generosidad, sumándose a un diálogo nacional más simétrico, con altura de miras y estando dispuestos/as a ceder para alcanzar cambios reales. Frente a ello, cabe destacar que quienes más poder detentan en la sociedad, más responsables tanto del problema como de su solución.