NPS HACE UN LLAMADO A LA COLABORACIÓN Y EMPATÍA

El COVID-19 es un virus que no discrimina y nos afecta a todas y todos, pero que conlleva una especial dificultad para la población más vulnerable. Frente a esto, como — (Nombre de la organización) hacemos un llamado a tomar conciencia sobre los efectos que puede traer a nuestra población la expansión rápida y desmedida del virus, tal como lo hemos observado en otros países. 

Frente a esta situación que mantiene en tensión al mundo completo, es donde se requiere más que nunca poner en práctica lo que tanto anhela nuestra sociedad y que ha sido el eje transversal de las movilizaciones que vive nuestro país: la empatía, la fraternidad y la solidaridad.

Hacemos un llamado especial a mantener la calma y a realizar un esfuerzo colectivo, a cuidarnos para cuidar a otros, a ser solidarios, quedándonos en nuestra casa y tomando todas las precauciones indicadas por las autoridades, con especial atención a las nuevas medidas que se vayan confirmando; manteniendo distancia de al menos 1 metro entre personas, lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón por mínimo 30 segundos, no promover encuentros que no sean estrictamente necesarios, no sobre abastecerse, realizar y promover el teletrabajo, evitar el uso de transportes públicos masivos, reemplazándolos por ejemplo, por el uso de la bicicleta y de la caminata.

Sabemos que es una situación compleja y llena de incertidumbres, pero también se puede ver en ella una oportunidad para tomarnos un momento, repensarnos y reconectarnos con aquellas cosas verdaderamente importantes, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo. Tenemos la convicción de que en momentos de dificultad es donde más fortalezas encontramos, y nuestro país ha demostrado una especial resiliencia a lo largo de la historia. 

Presentación de informe alternativo sobre la situación de los DD.HH. en Chile

Ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas:

Organizaciones civiles presentan informe alternativo sobre la situación de los DD.HH. en Chile

Nuevo Pacto Social (NPS) en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR) presentarán este lunes en Ginebra un informe alternativo sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en Chile. El reporte viene a manifestar las implicancias de un pacto social en el aumento de la desigualdad socio-económica y las barreras estructurales en el goce de los DESC en nuestro país.

Durante el mes de junio del año 2020, el Estado de Chile deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), un “Informe Periódico” al Comité DESC respecto al estado de cumplimiento de dichos derechos durante el ciclo 2015-2020. Este mecanismo de revisión tiene por objeto monitorear la implementación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Previo a la presentación del informe por parte del Estado, Nuevo Pacto Social (NPS) en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR),  entregarán este lunes un “informe paralelo” al Comité DESC, en el contexto del proceso constituyente por el cual atraviesa el país, destacando las obligaciones del Estado de Chile en una gran variedad de temas (Enfoque de género, Pueblos Indígenas, Comunidad LBTGI, Seguridad Social, Vivienda, Salud y Educación).

Las críticas a un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, cuyos beneficios no fueron distribuidos equitativamente, se presentan como un eje estructurante del reporte entregado. En este contexto, las reivindicaciones sociales que se han puesto de manifiesto en el estallido social del 18 de octubre de 2019 hacen aún más relevante la presentación de este informe para así visibilizar desigualdades estructurales y vulneración de derechos.

“Los costos de ignorar los derechos sociales por más de 4 décadas han sido nefastos y nos ha sumergido en una profunda crisis social cuyos resultados los pagan las clases medias y los más pobres. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos fundamentales, el Estado de Chile tiene obligaciones jurídicas al respecto y queremos que los tome en serio y rinda cuenta por ello”, explica el abogado Vicente Silva, associate researcher en The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights.

En particular, a través del informe, se pretende aportar a que la revisión del próximo informe de Chile sea una oportunidad para que este órgano independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas pueda contribuir de manera acertada al proceso constituyente por el cual atraviesa el país.

Vicente Silva, quien trabaja con la sede de Ginebra en los ámbitos del derecho a la vivienda justa, cambio climático y desigualdad, dice que “en este esfuerzo conjunto le solicitamos al Comité que considere nuestro informe y las preguntas que sugerimos al Estado con el objeto de iniciar un diálogo constructivo y fructífero que signifique un avance en el reconocimiento efectivo de los derechos sociales”.

El encargado de presentar el informe ante el Comité será Ignacio Silva, Fiscal de la Inmobiliaria Social de Techo-Chile, en representación de las demás instituciones nacionales que participaron en la redacción.

La redacción del informe contó con la colaboración de: The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Fundación Superación de la Pobreza, Techo-Chile, Educación 2020, Observatorio Ciudadano, Colegio Médico A. G. de Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y ACCIÓN.

Pueden descargar el informe aquí: Informe paralelo – Red Nuevo Pacto Social

Definiciones políticas NPS

DIVERSIDAD

NPS, Nuevo Pacto Social es una articulación de redes de organizaciones de la sociedad civil, que tiene como sello identitario, la diversidad, incluida la transversalidad de creencias religiosas, políticas e ideológicas de sus miembros, -quienes haciendo un gran esfuerzo por sobrepasar la división binaria que caracteriza a nuestra sociedad-, se han unido para trabajar juntos por una visión común: “un nuevo sistema de relaciones personales, comunitarias e institucionales -políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales, territoriales- basadas en la confianza y la responsabilidad, para construir una sociedad solidaria, equitativa y sostenible“.

Como NPS no aspiramos a decir qué hacer ni a imponer nuestra receta, sino a “poner a disposición del país nuestra capacidad de articular la confianza ganada con el trabajo de años a nivel territorial y de organizaciones de base“, para que sean las comunidades y la ciudadanía, quienes participen, se empoderen y decidan.

CONSENSO Y CONSENTIMIENTO

En cuanto a la forma de tomar decisiones, hemos decidido implementar primero entre nosotros mismos esa nueva forma de relacionarnos, reconociendo, respetando y valorando esa diversidad, siguiendo el nada fácil camino de la inclusión, dispuestos a darnos el tiempo de escucharnos y dialogar, de trabajar con humildad y sin egos hasta construir consensos, aun cuando ello implique muchas veces no poder reaccionar rápido y sacar pronunciamientos públicos ante hechos coyunturales del día a día.

Nuestro acuerdo es avanzar todos y todas juntos en este desafío, tomamos decisiones como NPS por consenso, es decir por unanimidad. Cuando esto no es posible, por consentimiento, que quiere decir que si en un asunto no logramos el consenso total, quienes no están totalmente de acuerdo, pero consideran que “pueden vivir” con la aprobación, consienten, y con ello permiten que se materialice el acuerdo;  por el contrario, si se trata de algo que consideren reñido con sus principios e imposible de aceptar, no dan consentimiento y el asunto no se aprueba y no se convierte en posición oficial del NPS. En ese caso el tema se pospone, pero no se cierra, todo lo contrario, se continúa trabajando en el lenguaje, dialogando, escuchando las razones, emociones y creencias que llevan al otro- otra a no dar consentimiento, acercando más antecedentes, buscando separar contenido de formas de expresión, puliendo las redacciones, hasta llegar a una que genere consenso. Al mismo tiempo, cada organización miembro del NPS mantiene su total independencia y es libre de tomar las decisiones propias que cada entidad considere pertinente.

TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES

Para identificar las transformaciones políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales y territoriales que precisamos implementar para llegar a ese nuevo sistema de relaciones personales, comunitarias e institucionales, hemos puesto en marcha un proceso participativo metódico, especialmente concebido y diseñado para inducir y gestionar transformaciones culturales sistémicas, facilitado por la Fundación Innovación Participativa, que es miembro y colabora voluntariamente con el NPS, y que cuenta con varias herramientas metodológicas, de las cuales hemos comenzado a implementar una, que se denomina “Mapa de Transformaciones Socioculturales”. En diciembre recién pasado realizamos un primer mapeo que permitió identificar 19 dimensiones sobre las que hay que actuar en la sociedad chilena, y 117 transformaciones. El enriquecimiento y validación de ese mapa base, se realizará próximamente, con 200 personas invitadas de todo el país, representativas de esta gran diversidad,  cuya selección será fruto de un proceso que realizarán las propias redes del NPS.

CONSTITUCIÓN

Una de las 19 dimensiones de este Mapa es la “dimensión política”, y una de las transformaciones identificadas en ella, es la Constitución de Chile. Eso significa que transformar la Constitución es parte de la hoja de ruta del NPS, pero el cómo, cuándo, de qué manera, eso es materia que debe ser decidida por la ciudadanía, por comunidades informadas, conocedoras de qué es y cómo afecta la vida en sociedad la llamada “Carta Magna” de un país.

Lo importante es que, sea cual sea el resultado del Plebiscito y de la consulta por la forma, nosotros, como NPS, continuaremos trabajando por facilitar que sea la sociedad chilena quien defina, diseñe y luego implemente -democrática, pacífica y participativamente- ésta y todas las transformaciones mapeadas, porque nuestro objetivo es transformar el actual sistema y la Constitución es un medio para alcanzarlo, no un fin.

FORMACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN

Para contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la cohesión social en Chile, el NPS ha diseñado un proyecto de participación y formación ciudadana, que buscará capacitar a medio millón de personas de todo el país.

Construir un nuevo sistema de relaciones pasa por “empoderar” a la ciudadanía, sobre todo a los más excluidos y marginados, es decir poner en marcha un proceso progresivo de redistribución de la base del poder, para que ciudadanas y ciudadanos puedan incidir informada, responsable y soberanamente en las decisiones que les afecten.

En relación a la consulta misma, si bien una gran mayoría de los miembros de las organizaciones que lo integran están a favor de cambiar la constitución y de hacerlo mediante una convención de personas elegidas específicamente para este fin, -y que además esto se corresponde también con los resultados que arrojan las encuestas y la consulta de los Alcaldes-, el rol del NPS no es tomar partido por alguna de las opciones, sino lograr una participación masiva, informada e incidente de la población en el plebiscito del 26 de abril y en los procesos que de allí se desprendan. Por lo mismo, una de las preocupaciones que orientan su accionar sea lograr que el proceso constituyente garantice la participación a independientes, pueblos originarios, jóvenes, personas con discapacidad y la paridad de género.

 LOS DDHH COMO FUNDAMENTO

Nos hemos reunido bajo el convencimiento que las ideas de libertad, igualdad, justicia y paz, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano y que ese es un pilar fundamental en la construcción y reparación de la confianza social. En este sentido, adherimos plenamente al respeto de los DDHH, a sus principios, aspiraciones éticas y sus traducciones normativas. En definitiva, comprendemos, que el Estado de Derecho sólo es reconocible como organización política basada en la protección, promoción, respeto y satisfacción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

A partir del 18 de octubre de 2019 se genera en Chile un quiebre social, cuyo manejo por parte de los órganos de seguridad provocó que desde la sociedad civil y órganos internacionales de Derechos Humanos se denunciara la vulneración de derechos humanos. Esta situación ha dado origen a cuatro informes presentados al Gobierno de Chile, que con sus diferencias metodológicas, concluyen todos que ha existido violación grave a los DDHH por parte del Estado de Chile, a través de sus policías y  FFAA.

Consideramos fundamental la reconstrucción de las confianzas perdidas entre la ciudadanía y el Estado, que el gobierno adopte las recomendaciones y acoja las medidas propuestas por los informes y órganos de derechos humanos internacionales y nacionales, y que el control del orden público se realice por vías adecuadas a un Estado de Derecho.

Sostenemos que los derechos humanos, y su interpretación convencional a través del Sistema Internacional de Derechos Humanos, son el eje bajo el cual debe erguirse una sociedad. Resolver la conflictividad actual requiere de un irrestricto apego a lo anterior, mientras se producen y desarrollan las discusiones políticas necesarias para construir un pacto social legítimo. El Estado, en tanto depositario del monopolio en el uso de la fuerza, es y debe ser el primero llamado a controlar su utilización de acuerdo a los parámetros mínimos, que no son otros que los que  se plantean en la actual Constitución y en el sistema de Derechos Humanos.

 CONVIVENCIA NACIONAL Y DIÁLOGO

La historia contemporánea de Chile y la historia de la humanidad nos muestra las dramáticas consecuencias de la polarización, que el hostigamiento y enfrentamiento verbal inician un espiral de violencia que crece hasta volverse incontrolable, y que si bien la violencia afecta a toda la sociedad, sus principales víctimas son los sectores más vulnerables, pues los más afectados son siempre quienes tienen menos recursos.

Nuestros planteamientos se dan en un contexto de difícil convivencia nacional, donde se ha roto la confianza entre distintos actores sociales. Pasados varios meses del llamado estallido social de octubre, aún no logra restaurarse el orden público, y las demandas que dieron origen a una transversal protesta ciudadana, no han tenido respuestas contundentes que permitan avanzar en el necesario alivio al agobio en que viven millones de personas en todo el país, ni menos en aquellas que apunten a soluciones más estructurales y de fondo.

Creemos firmemente que una agenda social robusta, eficaz y eficiente, que logre dar respuestas contundentes sólo puede surgir de un diálogo amplio e inclusivo. Para ello, es fundamental escuchar-nos, todos,  a todos. Especialmente a los sectores más “indignados”, que forman parte de colectivos de organizaciones sociales cuyos petitorios y propuestas no llegan a la elite gobernante, ni a la empresarial, ni a la de la sociedad civil. Postulamos la necesidad de llevar adelante diálogos inéditos, probablemente incómodos, pero absolutamente ineludibles, para poder avanzar rápidamente y conformar una agenda social corta, realista y consensuada. Los sectores tendrán que escucharse con buena voluntad y reconocimiento mutuo, a través de mesas de trabajo directamente con quienes portan demandas o propuestas en las diversas materias.

Tenemos la convicción de que el diálogo sincero y honesto, en condiciones de horizontalidad y respeto, aquel que no se basa en la crítica, la culpa y el juicio, sino en la escucha atenta, donde las diferencias de opinión son respetadas, -aunque no necesariamente aceptadas, aprobadas o justificadas-, es una poderosa herramienta para identificar las necesidades no satisfechas de las partes, para distinguir y separar esas necesidades de las formas en que éstas se expresan o de las estrategias que las partes siguen para satisfacerlas.

Los procesos de diálogo son una forma de comunicación no violenta entre partes en conflicto, con modelos y metodologías de diseño e implementación ampliamente estudiados y aplicados en un mundo cada vez más convulsionado. Nos permite tomar conciencia que el conflicto es un proceso que nos distancia, pero que puede ser conducido hacia el encuentro, sin pretender eliminar las diferencias, aclarar y acercar posiciones, y construir confianzas, uno de los factores clave en la actual crisis de legitimidad.

Puestos en la encrucijada histórica entre levantar muros o construir puentes, el NPS elige activa y propositivamente el camino del diálogo, como la vía para construir entre todos, en respeto de las diferencias y sin violencia, un nuevo pacto social para Chile. Por ello, nos ponemos a disposición para servir como puente y garante para la construcción de acuerdos que se materialicen, y no se transformen en nuevas y acumulativas frustraciones.

MEDIOAMBIENTE

Vemos que el actual marco constitucional no es capaz de garantizar la debida protección al medio ambiente, ni de responder a la vulnerabilidad actual de nuestros territorios y ecosistemas. La existencia de “zonas de sacrificio”, los problemas derivados de la propiedad y gobernanza del agua, del ejercicio efectivo de los derechos ambientales, y la contaminación atmosférica a la que está sometida la mayor parte de la población, son sólo algunos ejemplos.

Aún cuando la Constitución de 1980 incluyó el derecho “a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, lo hizo antes de que se conocieran las numerosas evidencias relativas a la pérdida de biodiversidad, al cambio climático y previo al desarrollo que ha tenido el derecho ambiental en los años que le sucedieron.

Creemos que se requiere con urgencia reformular la protección constitucional del medioambiente. Necesitamos construir una sociedad donde el desarrollo económico no se realice a costa del medio ambiente, ni de los más vulnerables, ni de las generaciones futuras, es decir que establezca los principios de justicia ambiental, justicia ecológica y justicia intergeneracional.

Es urgente incorporar la  protección del medio ambiente  como principio fundamental de la organización política y del modelo de desarrollo. La constitución debe asegurar una nueva forma de relación entre el Estado y los bienes comunes  que administra, como el agua, los bosques, el aire, los minerales, los mares y la maravillosa biodiversidad de nuestro país. Fortalecer el derecho humano a un medio ambiente sano y proteger la naturaleza y el patrimonio ambiental son cuestiones basales para proveer a nuestro país de sustentabilidad futura.

**Este documento está en permanente revisión con las organizaciones que son parte de la red NPS**