Propuesta Nuevo Pacto Social a los Presidentes de los Partidos Políticos

En la madrugada del viernes 15 de noviembre, diversas fuerzas políticas del Oficialismo y la Oposición firmaron el “Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución”.

El Acuerdo establece que se convocará a un “Plebiscito de entrada” en abril de 2020, en el cual se realizarán dos consultas a la ciudadanía. La primera, con respecto si se está de acuerdo o no con reemplazar la Constitución vigente y la segunda, para el caso de que se apruebe la idea de una nueva Constitución, sobre el tipo de procedimiento a seguir, esto es, mediante una Convención Constituyente integrada por un 100% de delegados electos o una Convención Mixta Constituyente, conformada por 50% de parlamentarios en ejercicio y 50% de delegados electos.

Creemos que para que el Acuerdo por la Paz se consolide como una herramienta participativa hacia una Nueva Constitución, se debe fortalecer el punto 4 del mismo. En este sentido y en caso de que el Plebiscito de Abril 2020 indique que el mecanismo de diseño de una Nueva Constitución es la Convención Constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente.

El punto 4 se basa íntegramente en la Ley N° 18.700. Dividiendo el territorio en 28 distritos, con un total de 155 diputados.

Por otro lado, la misma ley indica en materia de pactos que en las elecciones dos o más partidos políticos podrán acordar un pacto electoral. En las elecciones de diputados y senadores, al interior de cada pacto electoral, los partidos políticos integrantes de dicho pacto podrán, cada uno, asociarse con candidatos independientes.

Este mecanismo refuerza la conformación de pactos lo que en la práctica hace casi imposible que independientes puedan ser electos fuera de un partido o pacto político. Es justamente aquí donde creemos que la legitimidad del acuerdo se pierde, al permitir en la práctica, competir solo a partidos políticos.

Como alternativa, proponemos lo siguiente:

1 – Derogar – en forma transitoria – el artículo 31 que permite a los partidos políticos acordar pactos electorales.

2 – Permitir a los ciudadanos independientes inscribir listas de candidatos con menos requisitos con respecto a los partidos, bajo lemas, causas o intereses, que los hagan distintivos ante el cuerpo elector, pudiendo estos sumar sus votos al interior de cada lista, al igual que cada partido, y con las mismas igualdades que hoy indica la ley electoral.

3 – Las listas independientes deberán acreditar un número mínimo de firmas por candidato.

4 – Cada distrito debería elegir el doble de los actuales cargos del sistema electoral, permitiendo aumentar el número de independientes y las listas ciudadanas.

5 – Si eventualmente gana la opción de Convención Mixta, cada distrito debería elegir el número actual que contempla la ley de diputados, 155. Así, quedará una Convención mixta de 155 delegados y delegadas y 155 congresistas.

6 – Modificar la actual ley para que exista paridad de género en listas inscritas y también mediante un mecanismo de corrección para electos y electas. La ley actual determina que sólo la suma de todas las candidaturas inscritas por un pacto debe tener al menos un 40% de un género por sobre otro. Adicionalmente proponemos establecer una cuota para pueblos originarios, ya que la actual ley no los considera. Además debe considerarse incorporación de cuotas etarias, para asegurar la participación del grupo sub 35, con una cuota del 30% por lo menos en la conformación de listas y mediante mecanismo correctivo del órgano constituyente.

7 – Reducir la edad mínima de votación y candidatura a 16 años.

8 – Que el financiamiento electoral sea ex ante para las listas independientes, igual al tope de gasto electoral de forma distrital y que no reciban devolución mediante Servel luego de finalizada las elecciones. Que los partidos se financien mediante la devolución luego de la elección. Que la campaña electoral sea pública e igualitaria para todas las listas, no en término de posibilidad, sino que reales. Fomentando el debate y contraste de ideas de las diferentes listas.

9 – Es relevante que quienes asuman el papel de delegados realicen su labor sin mayor presión política, para lo cual debe establecerse una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular y cargos públicos por período de al menos 2 años luego de finalizada sus funciones como constituyentes, asegurando la no intervención de intereses electorales posteriores y quedando fuera del ciclo político normal.

Declaración de Nuevo Pacto Social, ante la respuesta del gobierno al informe de Amnistía Internacional

Como Nuevo Pacto Social, una red de redes con más de 600 organizaciones participantes, las que trabajamos por el respeto de los derechos humanos y por un país más justo, democrático y sostenible, nos pronunciamos sobre la respuesta del Gobierno de Chile al informe publicado por Amnistía Internacional sobre los hechos acontecidos en nuestro país durante el último mes.

Como organizaciones de la sociedad civil, creemos que nuestra labor cotidiana y experiencia acumulada aporta a los procesos democráticos y ayuda a un equilibrado balance entre sociedad y Estado. Nuestro quehacer se rige por los principios de derechos humanos y tratamos de llevar a la práctica, en lo que nos cabe, su promoción, protección, satisfacción y reparación de los mismos.

El reporte de Amnistía Internacional representa la mirada desde la sociedad civil a los hechos acontecidos, y como tal debiera tomarse en consideración, convirtiéndose en un insumo para las investigaciones en curso sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales denunciados. Por lo mismo, manifestamos nuestra preocupación respecto a la actitud que ha tenido el Gobierno frente a este informe, considerando el reconocido prestigio que tiene Amnistía Internacional a nivel mundial.

Como sociedad civil esperamos que los informes que están a días de ser entregados por parte de la CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, sean recibidos de una forma más reflexiva y analítica por parte del Gobierno, con una actitud de escucha que permita una mejor protección de los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas.

Creemos firmemente en el respeto de los derechos humanos, en la promoción de la democracia y la protección de los espacios cívicos como elementos clave de una sociedad justa y en paz. Por lo mismo, queremos invitar a las autoridades y a la sociedad chilena en su conjunto, a trabajar mancomunadamente para proteger las garantías y derechos de todos.

Nuevo Pacto Social: “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”

Desde Nuevo Pacto Social valoramos profundamente el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” alcanzado por los partidos políticos como respuesta a las demandas expresadas por la ciudadanía, más aún considerando el hecho histórico que será la propia ciudadanía quién determinará la necesidad de una nueva Carta Fundamental, así como el mecanismo para llevarla adelante. 

Así mismo, llamamos a la ciudadanía a seguir debatiendo, informándose y a participar activamente de la trascendental gesta democrática que vivirá el país en abril y octubre de 2020.

Reconociendo este logro, esperamos que con la misma voluntad y premura, se avance en la agenda social,ambiental y de pueblos originarios para solucionar problemas urgentes y sentidos por nuestra sociedad. Los pensionados, el ingreso de los trabajadores, los territorios rezagados, el fortalecimiento de la educación pública, el cuidado de las aguas y el medio ambiente y la revisión integral del sistema de salud, son temas que no deben seguir esperando, así como los compromisos de ajuste salarial y restricción de reelección de nuestros parlamentarios.

Es menester que todo lo anterior se realice en paralelo a la debida investigación, condena y reparación a las víctimas de violencia y violaciones a los DDHH acaecidas en nuestro país durante esta gran movilización ciudadana.  

Nuevo Pacto Social: compromiso con la democracia y los DDHH

Frente a la profunda crisis social que vive el país, las organizaciones de la sociedad civil, creemos firmemente que la propuesta realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades representa una oportunidad para que sea la ciudadanía quien defina la necesidad de un nueva Constitución y el mecanismo para llevar este proceso adelante de manera vinculante, participativa, plural y transparente, que facilite la construcción de un país más justo e inclusivo.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestra disposición como organizaciones de la sociedad civil, para dialogar con los tres poderes del Estado y todos los sectores, a fin de renovar los esfuerzos que permitan encontrar los caminos institucionales para salir de la crisis que nuestro país enfrenta hoy.

Hacemos un llamado a la generosidad de todos los actores de nuestra sociedad, principalmente de las fuerzas políticas, para resguardar la democracia y el pleno respeto a los Derechos Humanos.

Nuevo Pacto Social.

Instituciones de la Red #NuevoPactoSocial piden a los poderes del Estado, asegurar una participación ciudadana vinculante en proceso constitucional

Frente a la profunda crisis social que vive el país, las más de 800 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas bajo la red Nuevo Pacto Social, consideran fundamental asegurar una participación ciudadana incidente, vinculante y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, en los procesos que se lleven a cabo para la construcción de una nueva Constitución. Para nuestro sector, la nueva Constitución debe permitir generar un nuevo sistema de relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos y las instituciones públicas y privadas, que se base entre otras cuestiones de primera importancia, en la confianza y el compromiso para construir una sociedad donde se respeten los derechos humanos de las personas y el medio ambiente.

Nuestra sociedad merece más que nunca tener en consideración una estructura que asegure un proceso legítimo, para llegar a un resultado que fortalezca la democracia y la representatividad de toda la ciudadanía chilena. Necesitamos regresar a la ciudadanía el poder constituyente. Y para llevar a cabo este proceso, las instituciones públicas y privadas involucradas en esta tarea, deben asegurar procesos legítimos de participación. Como organizaciones sociales participativas, respetuosas de la democracia, creemos un deber el velar porque se respeten fielmente cada una de las etapas necesarias para la transparencia y eficacia de dicho proceso, cualquiera sea su forma, considerando los siguientes puntos:

    1. Investigación, condena y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos en que se haya incurrido durante las etapas previas a este proceso.
    2. Convocatoria y gobernanza autónoma y simétrica de distintos sectores de la sociedad, con decisiones basadas en el principio del consentimiento al interior de ellas y participación de carácter vinculante.
    3. Participación del Estado chileno  -incluyendo los tres poderes- y ministerios políticos y técnicos.
    4. Proceso garantizado por el Estado o, alternativamente por la sociedad civil con aporte internacional.
    5. Participación amplia de todos los cuerpos civiles de la sociedad, de la ciudadanía y de los pueblos indígenas en su conjunto.
    6. Información transparente, accesible y descentralizada  -a nivel comunal, regional, nacional-, resguardando la seguridad y privacidad de las personas.
    7. Proceso territorialmente descentralizado y abierto a múltiples plataformas de participación.
    8. Resultados de corto, mediano y largo plazo.
    9. Reconocimiento de la participación como un derecho.

Estos puntos son el piso mínimo que las instituciones políticas y sociales reconocidas y legitimadas por la ciudadanía, deberán resguardar a la hora de avanzar en la construcción de una nueva carta fundamental. Esto, con el fin de asegurar la construcción de un país inclusivo y digno, basado en un proceso de participación ciudadana sostenido, vinculante, autónomo, de convocatoria amplia; y que valore y respete la diferencia y la pluralidad de todas las personas.

Finalmente esta red apoya y se pone a disposición de los municipios de Chile que se unieron desde AChM para convocar a un plebiscito y consultar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución.

País de paz: Estrategia para un nuevo pacto social

 

    1. Reforzamos el llamado urgente a abrir espacios de diálogo y reconocer que esta crisis responde a elementos de fondo que deben ser abordados para la construcción de un Nuevo Pacto Social, como camino para hacerse cargo de las deudas sociales y de las demandas ciudadanas.
    2. Hoy en Chile no hay guerra alguna, pues estamos convencidos/as de que no hay enemigos/as. Es urgente detener la represión en cualquiera de sus formas y pedimos a la ciudadanía, como la hace la gran mayoría, manifestarse en forma pacífica.
    3. La urgencia de instaurar una instancia de convergencia sin condiciones y que permita la expresión de sectores postergados por mucho tiempo, está a la vista. Para ello, deben entregarse las garantías para ejercer el derecho a expresarse a todos/as nuestros/as compatriotas.
    4. Esta crisis es social y política. Un Nuevo Pacto Social debe pretender democratizar el poder, estableciendo nuevas formas en la toma de decisiones, de manera transparente, vinculante y con participación amplia, en donde esté representada  la inmensa diversidad que hoy día tiene la sociedad chilena.
    5. Hasta ahora y por muchos años ha existido una enorme resistencia al cambio. Los/as líderes deben comprender que es la hora de la generosidad, sumándose a un diálogo nacional más simétrico, con altura de miras y estando dispuestos/as a ceder para alcanzar cambios reales. Frente a ello, cabe destacar que quienes más poder detentan en la sociedad, más responsables tanto del problema como de su solución.